Las últimas capturas de policías y militares vinculados a las maras, incluyendo a un cadete de la Escuela Militar, vienen a confirmar que las pandillas no han descansado en su afán de infiltrarse en instituciones de seguridad: Informes oficiales revelan más de 92 casos detectados en la Fuerza Armada y cerca de 29 en la academia de policía.
De acuerdo con fuentes de seguridad e inteligencia, las pandillas buscan infiltrarse para desde el interior de estas instituciones ordenar asesinatos, desbaratar planes de seguridad contra las maras y el crimen organizado, así como para saquear los almacenes de armas y municiones.
Las oficinas de Acceso a la Información Pública de la Fuerza Armada y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) confirman que más de un centenar de efectivos, entre militares y aspirantes a policías, fueron detectados durante la administración del presidente saliente Mauricio Funes (2009-2014).
En días recientes, el ministro, Ricardo Perdomo, reveló que la Fuerza Armada detectó a 26 sujetos que pretendían ingresar a la institución, quienes luego de ser descubiertos en su calidad de mareros confesaron que su aspiración a convertirse en efectivos militares era parte de una estrategia de las pandillas.
En la ANSP fueron investigados 132 aspirantes a policías; sin embargo, solo en 29 se corroboró su vinculación con actividades criminales.
La situación se agrava cuando se trae a cuenta que muchos sí lograron ingresar a las instituciones de seguridad pública. En el Ejército, de 116 miembros investigados, 91 fueron expulsados de las unidades donde prestaban sus servicios por tener nexos con las pandillas.
Entre los militares investigados de la FAES hay soldados, cabos, subsargentos, sargentos y policías militares, pero también hay capitanes y mayores que no solo han sido sujetos de una sanción administrativa, sino que también han enfrentado un proceso judicial por extracción y venta de armamento de grueso calibre y otros pertrechos.
La mayoría de los casos han sido detectados durante el proceso de formación; no obstante, muchos otros fueron descubiertos durante su ejercicio o trayectoria militar.
Luego de las investigaciones, las autoridades corroboraron que 49 de los señalados son miembros activos de la pandilla 18 y otros 41 de la mara Salvatrucha; sobre uno más se comprobó su pertenencia a otra banda criminal, indica un informe castrense en poder de El Diario de Hoy.
Pasados los procesos indagatorios, 25 fueron reincorporados al Ejército, 86 fueron expulsados, cuatro desertaron durante la investigación y uno está en prisión.
De acuerdo con fuentes de seguridad e inteligencia, las pandillas buscan infiltrarse para desde el interior de estas instituciones ordenar asesinatos, desbaratar planes de seguridad contra las maras y el crimen organizado, así como para saquear los almacenes de armas y municiones.
Las oficinas de Acceso a la Información Pública de la Fuerza Armada y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) confirman que más de un centenar de efectivos, entre militares y aspirantes a policías, fueron detectados durante la administración del presidente saliente Mauricio Funes (2009-2014).
En días recientes, el ministro, Ricardo Perdomo, reveló que la Fuerza Armada detectó a 26 sujetos que pretendían ingresar a la institución, quienes luego de ser descubiertos en su calidad de mareros confesaron que su aspiración a convertirse en efectivos militares era parte de una estrategia de las pandillas.
En la ANSP fueron investigados 132 aspirantes a policías; sin embargo, solo en 29 se corroboró su vinculación con actividades criminales.
La situación se agrava cuando se trae a cuenta que muchos sí lograron ingresar a las instituciones de seguridad pública. En el Ejército, de 116 miembros investigados, 91 fueron expulsados de las unidades donde prestaban sus servicios por tener nexos con las pandillas.
Entre los militares investigados de la FAES hay soldados, cabos, subsargentos, sargentos y policías militares, pero también hay capitanes y mayores que no solo han sido sujetos de una sanción administrativa, sino que también han enfrentado un proceso judicial por extracción y venta de armamento de grueso calibre y otros pertrechos.
La mayoría de los casos han sido detectados durante el proceso de formación; no obstante, muchos otros fueron descubiertos durante su ejercicio o trayectoria militar.
Luego de las investigaciones, las autoridades corroboraron que 49 de los señalados son miembros activos de la pandilla 18 y otros 41 de la mara Salvatrucha; sobre uno más se comprobó su pertenencia a otra banda criminal, indica un informe castrense en poder de El Diario de Hoy.
Pasados los procesos indagatorios, 25 fueron reincorporados al Ejército, 86 fueron expulsados, cuatro desertaron durante la investigación y uno está en prisión.
El comportamiento dentro y fuera de las guarniciones militares fue el principal delator en las filas de la Fuerza Armada.
Su forma de conversar (léxico), ademanes y lazos afectivos como parentesco, amistades, relaciones sentimentales o vecindad ayudaron a los investigadores a confirmar o descartar la afiliación de los militares con las pandillas.
A estos factores se sumó la agresividad con sus mismos compañeros. Otros fueron ligados a homicidios, robos y extorsiones.
Dadas las circunstancias, los pandilleros infiltrados fueron descubiertos en diferentes fechas por "fuentes propias" de la institución (94 casos) y mediante detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil (11), así como por haber escrito grafitis alusivos a maras MS y 18 dentro de los cuarteles.
Según uno de los casos documentados, el proceso indagatorio inició cuando un pandillero de la 18 expresó a la Policía, en el momento de su captura, que un sargento de la Fuerza Armada le había ofrecido "su ayuda para lo que necesitara".
Según los registros militares, estos casos se registraron en personal proveniente de 61 de los 262 municipios del país, que además corresponden a 13 de los 14 departamentos de El Salvador.
Sonsonate sumó 25 militares; Ahuachapán, 18; Cuscatlán, 12; San Miguel, 9 y La Libertad, 8 casos, según estadísticas del Ministerio de Defensa. En cuanto a los municipios con más casos están: Tacuba (Ahuachapán) con 8, Ahuachapán (cabecera departamental) con 7, Nahuizalco (Sonsonate) con 7 y Panchimalco (San Salvador) con 5.
El director de Reclutamiento y Reserva de la Fuerza Armada, coronel Mauricio Ernesto Pérez, lamentó que estos casos se den al interior de una institución que siempre se ha caracterizado por ser disciplinada y a pesar de los rigurosos mecanismos de selección del personal de tropa.
La Fuerza Armada durante su proceso de verificación, también cruza información de antecedentes penales y policiales para descartar cualquier récord delictivo de sus aspirantes.
El coronel manifestó que el Ejército cuenta con una oficina que se especializa en evaluar características y cualidades personales de los aspirantes para descartar cualquier vinculación con las pandillas; en esa instancia, explicó, evalúan al futuro soldado, su forma de expresión, caminar, vestuario y sus gestos, pero todo apunta que logran esconderlos ante los evaluadores.
Por si no fuera suficiente, en cada guarnición militar son impulsados otros controles para observar su relación con los demás compañeros y su desempeño integral.
Su forma de conversar (léxico), ademanes y lazos afectivos como parentesco, amistades, relaciones sentimentales o vecindad ayudaron a los investigadores a confirmar o descartar la afiliación de los militares con las pandillas.
A estos factores se sumó la agresividad con sus mismos compañeros. Otros fueron ligados a homicidios, robos y extorsiones.
Dadas las circunstancias, los pandilleros infiltrados fueron descubiertos en diferentes fechas por "fuentes propias" de la institución (94 casos) y mediante detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil (11), así como por haber escrito grafitis alusivos a maras MS y 18 dentro de los cuarteles.
Según uno de los casos documentados, el proceso indagatorio inició cuando un pandillero de la 18 expresó a la Policía, en el momento de su captura, que un sargento de la Fuerza Armada le había ofrecido "su ayuda para lo que necesitara".
Según los registros militares, estos casos se registraron en personal proveniente de 61 de los 262 municipios del país, que además corresponden a 13 de los 14 departamentos de El Salvador.
Sonsonate sumó 25 militares; Ahuachapán, 18; Cuscatlán, 12; San Miguel, 9 y La Libertad, 8 casos, según estadísticas del Ministerio de Defensa. En cuanto a los municipios con más casos están: Tacuba (Ahuachapán) con 8, Ahuachapán (cabecera departamental) con 7, Nahuizalco (Sonsonate) con 7 y Panchimalco (San Salvador) con 5.
El director de Reclutamiento y Reserva de la Fuerza Armada, coronel Mauricio Ernesto Pérez, lamentó que estos casos se den al interior de una institución que siempre se ha caracterizado por ser disciplinada y a pesar de los rigurosos mecanismos de selección del personal de tropa.
La Fuerza Armada durante su proceso de verificación, también cruza información de antecedentes penales y policiales para descartar cualquier récord delictivo de sus aspirantes.
El coronel manifestó que el Ejército cuenta con una oficina que se especializa en evaluar características y cualidades personales de los aspirantes para descartar cualquier vinculación con las pandillas; en esa instancia, explicó, evalúan al futuro soldado, su forma de expresión, caminar, vestuario y sus gestos, pero todo apunta que logran esconderlos ante los evaluadores.
Por si no fuera suficiente, en cada guarnición militar son impulsados otros controles para observar su relación con los demás compañeros y su desempeño integral.
Para completar el proceso de verificación, se da seguimiento al personal fuera de la institución, donde su actuar y proceder determina si tiene vínculos con grupos de maras.
Vigilan además, cuidadosamente, que sus movimientos dentro del cuartel no respondan a conductas de pandillas o delincuentes.
En el caso de la ANSP, no es fácil expulsar a un alumno de la Academia porque tiene derechos adquiridos que no se pueden violentar sin argumentos válidos y demostrables, dijo el director, Jaime Martínez.
Los descubrimientos tienen lugar principalmente en dos momentos: en los primeros tres meses de ingreso, cuando sus vecinos tienen conocimiento de que están en la Academia y los denuncian, y cuando han completado ocho meses de formación teórica y están prestos a iniciar la práctica en una unidad policial.
Vigilan además, cuidadosamente, que sus movimientos dentro del cuartel no respondan a conductas de pandillas o delincuentes.
En el caso de la ANSP, no es fácil expulsar a un alumno de la Academia porque tiene derechos adquiridos que no se pueden violentar sin argumentos válidos y demostrables, dijo el director, Jaime Martínez.
Los descubrimientos tienen lugar principalmente en dos momentos: en los primeros tres meses de ingreso, cuando sus vecinos tienen conocimiento de que están en la Academia y los denuncian, y cuando han completado ocho meses de formación teórica y están prestos a iniciar la práctica en una unidad policial.
F. EDH
