En los últimos tres años ha incrementado en un 20% el ingreso de menores de edad a las pandillas según el informe proporcionado ayer, en el marco de un foro realizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), celebrando los 19 años de la Ley Penal Juvenil que al principio se llamaba Ley del Menor Infractor.
La jueza de Ejecución de Medidas al Menor, Bertha Nohemy Reyes Najarro, explicó que de los casos que ingresan a los juzgados de menores se ha detectado que el 80% de los adolescentes que llegan por diversos delitos que la Fiscalía les atribuye, son miembros activos de las pandillas.
Por su parte, Óscar Alirio Campos Ventura, coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ, dijo que los delitos más comunes por los que los menores son procesados están relacionados con el homicidio, y tráfico de drogas.
Según la Unidad de Justicia Juvenil estos delitos ciertamente son influenciables hacia los jóvenes, ya que muchos de esos ilícitos están vinculados al crimen organizado.
Esta versión de la CSJ concuerda con los informes de las autoridades policiales y fiscales que en reiteradas ocasiones han manifestado que los grupos de narcotraficantes y otros dedicados a delitos complejos utilizan a los niños y adolescentes para transportar droga y hasta para el hurto y robo de vehículos.
Incluso se ha establecido que para poder ingresar a las pandillas, primero muchos han estado sujetos a presiones para “brincarse” (ingresar a la pandilla), y una vez pertenecen a esas estructuras los utilizan para traficar armas, vender droga y cometer homicidios, eso se debe a que las penas para los menores son bajas.
Pero la jueza Reyes Najarro, considera que en el país lo que falta es una política integral de atención a los jóvenes, similar opinión tiene Campos Ventura y señala que en los 19 años de existencia de la Ley Penal Juvenil, nunca se ha trabajado en una Política de Prevención de la Delincuencia Juvenil, a pesar que el artículo 127 de la mencionada normativa establece esa necesidad. Ambos coinciden que también deben existir programas especiales para los menores de edad.
En comparación a los adultos, el índice de niños y adolescentes que delinquen es menor. “Hay una variedad siempre, pero sí reconocemos que aunque hay una tendencia a poder tener casos graves, pero también los índices que tenemos en relación a los adultos detenidos o privados de libertad, actualmente se mantienen en un 6% del universo”, detalló Campos Ventura.
La jueza de Ejecución de Medidas al Menor, Bertha Nohemy Reyes Najarro, explicó que de los casos que ingresan a los juzgados de menores se ha detectado que el 80% de los adolescentes que llegan por diversos delitos que la Fiscalía les atribuye, son miembros activos de las pandillas.
Por su parte, Óscar Alirio Campos Ventura, coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ, dijo que los delitos más comunes por los que los menores son procesados están relacionados con el homicidio, y tráfico de drogas.
Según la Unidad de Justicia Juvenil estos delitos ciertamente son influenciables hacia los jóvenes, ya que muchos de esos ilícitos están vinculados al crimen organizado.
Esta versión de la CSJ concuerda con los informes de las autoridades policiales y fiscales que en reiteradas ocasiones han manifestado que los grupos de narcotraficantes y otros dedicados a delitos complejos utilizan a los niños y adolescentes para transportar droga y hasta para el hurto y robo de vehículos.
Incluso se ha establecido que para poder ingresar a las pandillas, primero muchos han estado sujetos a presiones para “brincarse” (ingresar a la pandilla), y una vez pertenecen a esas estructuras los utilizan para traficar armas, vender droga y cometer homicidios, eso se debe a que las penas para los menores son bajas.
Pero la jueza Reyes Najarro, considera que en el país lo que falta es una política integral de atención a los jóvenes, similar opinión tiene Campos Ventura y señala que en los 19 años de existencia de la Ley Penal Juvenil, nunca se ha trabajado en una Política de Prevención de la Delincuencia Juvenil, a pesar que el artículo 127 de la mencionada normativa establece esa necesidad. Ambos coinciden que también deben existir programas especiales para los menores de edad.
En comparación a los adultos, el índice de niños y adolescentes que delinquen es menor. “Hay una variedad siempre, pero sí reconocemos que aunque hay una tendencia a poder tener casos graves, pero también los índices que tenemos en relación a los adultos detenidos o privados de libertad, actualmente se mantienen en un 6% del universo”, detalló Campos Ventura.
Según él, este porcentaje se ha reducido en los últimos cuatro años, ya que en 2010, el 12% de los casos judicializados eran de menores de edad, lo que suponía una cifra muy elevada.
F. DEM
