La administración del presidente de Mauricio Funes no le cumplió a los salvadoreños su promesa de detener la espiral de violencia: alrededor de 15 mil 919 salvadoreños fueron ultimados en los últimos cuatro años y seis meses de gestión, según la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Nunca hubo un plan de seguridad estructurado en el combate y prevención de la violencia y la delincuencia, según el criminólogo y analista en temas de seguridad, Carlos Ponce, y según el exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo.
El criminólogo asegura que el Gobierno experimentó con una serie de medidas aisladas, improvisadas y pasajeras, que arrojaron pocos resultados. (Ver nota aparte).
Entre los planes estuvieron "Plan Batalla por la Paz", "Plan Bus Seguro", "Plan Casa Segura" y "Plan Municipios Libres de Violencia".
Para Bertrand Galindo, fueron pequeños planes que nunca estuvieron integrados a una estrategia estructurada desde un principio de la gestión de Funes, porque ésta nunca existió.
"Puede ser que esos pequeños planes funcionaron por un poco tiempo y luego desaparecieron. Los índices de criminalidad no han bajado. Nunca bajaron", expresó el exministro.
Según las estadísticas oficiales de la Policía, en 2009 fueron perpetrados 4 mil 365 homicidios, convirtiéndose en el año en el que más crímenes fueron cometidos en los últimos 20 años.
La elevada cifra de crímenes, a su juicio, se elevó por la falta de una estrategia integral al asumir el poder el gobierno del FMLN.
Después de los siguientes dos años, las estadísticas reportan el mismo panorama: en 2010 fueron cometidos 4 mil 4 homicidios y en 2011 fueron perpetrados 4 mil 272.
En un principio, las autoridades se enfocaron en fortalecer la prevención; construyeron canchas para recreación juvenil, por ejemplo, e hicieron a un lado el combate frontal a los pandilleros en las colonias y barrios.
En ese tiempo, tampoco se planificó la construcción de ninguna cárcel.
No fue sino hasta 2012 que las autoridades anunciaron la construcción del centro penal de Izalco, en su tercera fase, y de otros.
Fuerza Armada en calles
En octubre de 2009, cinco meses después de haber asumido el cargo como presidente y Comandante General de la Fuerza Armada, Funes ordenó la salida a las calles de 6 mil integrantes de la Fuerza Armada Salvadoreña, que representaba el 60 por ciento de la institución, entre tropa y oficiales.
Los soldados, sin estrategia definida, fueron distribuidos en ocho "Fuerzas de Tareas" y, según el Gobierno, era apremiante emplear al Ejército en labores de seguridad pública por el alto índice de criminalidad que azotaba al país, el cual ya había rebasado la capacidad de la Policía para enfrentar la problemática.
En dos ocasiones, Funes ha prorrogado el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, pero no le ha dado al Ejército más herramientas legales para combatir la delincuencia ni a los pandilleros.
Tras varias masacres en diferentes zonas del país, Funes y su gabinete de seguridad intentaron otra estrategia en el tema.
"De manera urgente", convocó a los funcionarios integrantes del gabinete de Seguridad Pública, y al alto mando de la Fuerza Armada, y realizó una consulta mediática a las fuerzas vivas de la sociedad.
Funes consideró en esa ocasión que la consulta era necesaria, "porque el Gobierno no es depositario de la verdad absoluta ni tampoco tiene la fórmula mágica para enfrentar la delincuencia".
Entre los participantes estuvieron la empresa privada, iglesias, medios de comunicación, universidades, alcaldes, gobernadores, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía.
La primera parte del proyecto se refería a una "política nacional de justicia y convivencia". El Gobierno pretendía realizar una política integral con un objetivo general y cinco objetivos específicos, cinco ejes , 21 estrategias, 102 líneas de acción.
De las reuniones poco o nada fue implementado. El presidente le propuso a los alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador y a los miembros de la directiva de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) una coordinación en materia de seguridad entre el gobierno central, las municipalidades y otros organismos.
Para algunos alcaldes, lo que el mandatario hizo fue descargar las tareas de seguridad en las municipalidades. Para la fuentes ningún plan de todos los anteriores funcionó.
Hubo, por otra parte, ayuda de la Fuerza Armada en proporcionar varios centenares de fusiles M-16 a la Policía. Pero los mismos agentes se quejaron por el mal estado en el que estaban las armas largas.
Durante los cuatro años de Gobierno también se quejaron de la falta de equipo e insumos para el combate de la criminalidad.
Fue hasta marzo de 2012, que los homicidios empezaron a tener una baja considerable, pero esa reducción no fue producto de un plan estructurado del Gobierno, sino de un "pacto entre pandillas", ejercido a cambio de obtener beneficios carcelarios por parte del Gobierno para los cabecillas de esos grupos, según exfuncionarios.
El Gobierno, a través de su gabinete de Seguridad, liderado por David Munguía Payés, apoyado por el obispo castrense Fabio Colindres y por el exguerrillero Raúl Mijango, contrajo compromisos con los cabecillas, como sacarlos del penal de máxima seguridad del país, situado en Zacatecoluca, "y otros beneficios", a cambio de reducir los homicidios.
Ambos grupos se comprometieron en no matarse. Sin embargo, para muchos, la tregua solo benefició a las pandillas y no a las personas honradas y trabajadoras.
En 2013, sin embargo, la tregua se debilitó después de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Munguía Payés y del director de la Policía Francisco Salinas.
Semanas después, Funes nombró como ministro de Seguridad a Ricardo Perdomo, quien detuvo algunos beneficios a los pandilleros y dio atisbos de una lucha frontal contra las pandillas.
Acompañando a Perdomo fue nombrado Rigoberto Pleités como director de la Policía.
Empero, a la fecha, el número de asesinatos sigue en incremento. Las estadísticas reflejan que el promedio diario de asesinatos es de casi 10.
Las autoridades sostienen que el 90 por ciento de las extorsiones ha sido cometido por las pandillas y un gran número de personas fueron asesinadas por negarse a pagar los chantajes, según las cifras oficiales.
