12 de agosto de 2013

Sala de lo Contencioso pide a FGR investigar a Sala Cnal.

El escrito corresponde a la admisión de la demanda en contra de la Asamblea Legislativa, por elección de magistrados 2009, entre ellos cuatro de la Sala de lo Constitucional y sus suplentes.

La Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió a la Fiscalía General de la República (FGR) una notificación escrita, en la que solicita investigar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por prevaricato, luego que la primera admitiera una demanda en contra de la Asamblea Legislativa, por la elección de magistrados llevada a cabo en 2009, en la que se incluyen cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional y sus suplentes.

“Que la Sala de lo Constitucional de esta Corte, a las 10:00, del 25 de julio de 2013, ordenó a esta Sala abstenerse de inmediato de continuar tramitando el proceso promovido por el señor Juan Martínez Hernández, así como adoptar cualquier título, provisional o definitivo, a los integrantes de dicha Sala propietarios-suplentes-, para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, mientras dicho Tribunal decide carácter definitivo sobre las pretensiones de inconstitucionales planteadas en los procesos acumulados 77-2013 y 97-2013", dicta parte del documento presentado.

Además, indica que "los magistrados de la Sala de lo Constitucional de una manera muy subjetiva y con invasión propia a la de esta Sala han pretendido realizar un prejuzgamiento del criterio a adoptarse por la sala, siendo dicha acción una clara intromisión en su labor especializada, aún, antes de que la misma se hubiere pronunciado ante la admisibilidad de la demanda”.

Los miembros de lo Contencioso afirman que esta apertura de proceso es en cumplimiento de su deber, basándose en el artículo 264 del Código Procesal Penal, que indica “Cualquier persona que tuviere noticia de haberse cometido un delito perseguible de oficio, podrá dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) o a la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Los magistrados de lo Contencioso Administrativo enviaron todo el historial del caso a la FGR para que ellos inicien la investigación y determinen si existe o no el delito de prevaricato.

Vía LPG