El 12 de septiembre del año 2013, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que con la captura de 18 presuntos narcotraficantes en la zona occidental, se estaba iniciando una amplia investigación para desarticular el denominado Cártel de Texis. Ese día, la FGR por primera vez habló abiertamente de la existencia de la organización; siete meses después de ese procedimiento, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado allanó 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, supuesto jefe de la red; Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán y Wilfredo Guerra Umaña, presidente del equipo de fútbol Metapán.
Los procedimientos en busca de documentación vinculada a una investigación por los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero y activos, comenzaron el pasado lunes y continuaron ayer en bienes inmuebles de los empresarios. Fiscales con órdenes de allanamientos judiciales ingresaron a hoteles, empresas, sociedades y viviendas.
Un informe fiscal detalló que los representantes del Ministerio Público ingresaron para secuestrar documentación en cinco hoteles, tres despachos contables, una gasolinera e inmueble ubicado en la Residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña, así como la empresa Gumersal.
En un comunicado oficial la FGR detalló que “el motivo de la diligencia, es porque la Fiscalía General de la República posee los indicios suficientes para proceder a incautar la documentación contable de estas sociedades y empresas, de acuerdo con las evidencias encontradas en el marco de una investigación por evasión de impuestos, que se ha convertido en hallazgos de incremento patrimonial no justificados”.
Se agrega en el informe que “José Adán Salazar Umaña, figura como representante legal de HOTESA; Wilfredo Guerra Umaña, representante de Gumersal, y Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán y padre de Guerra Umaña. Contra estas personas son dirigidas las diligencias de investigación que iniciaron ayer (lunes) en horas de la tarde”.
El Ministerio Público informó que ha incorporado a las pesquisas a Carlos Ríos, por los mismos delitos y otros que en la fase de investigación puedan surgir. Una denuncia llegada desde el Ministerio de Hacienda, alertó supuestamente de una evasión fiscal de aproximadamente $1 millón entre los períodos fiscales 2010 y 2011.
La Fiscalía informó que el procedimiento no incluye captura, solamente los allanamientos ya que es una investigación para determinar la existencia de estos ilícitos; la abundante documentación secuestrada en los negocios de los indagados será clave en el expediente abierto por el Ministerio Público.
