El retraso gubernamental para iniciar las discusiones sobre las reformas a la Ley Especial de Asocios Público-Privados (APP) ha puesto en riesgo la reconstrucción de 551 escuelas, el mejoramiento de la red vial de la zona costera, proyectos de conexión de energía eléctrica y plantas para el tratamiento del agua, así como el proyecto de ampliación del aeropuerto y de otras infraestructuras.
A pesar de que de las reformas a los APP dependen $277 millones no reembolsables por parte del Gobierno de Estados Unidos para proyectos de desarrollo económico y social en la franja costera del país, diputados y funcionarios del Órgano Ejecutivo no tienen prisa para sentarse a dialogar.
La Ley de APP sigue encontrando obstáculos. Ayer se suspendió la primera sesión del foro nacional que la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudia las reformas había programado con funcionarios de gobierno y organizaciones civiles.
De acuerdo con los diputados de la comisión, el evento se canceló debido a que algunos de los ponentes, entre ellos el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no estarían presentes. Sin embargo, aclararon que la decisión de posponer la realización del foro tuvo el aval de todos los diputados.
Graves consecuencias
Analistas económicos consideran que el retraso en la discusión sobre las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados se debe a que el FMLN y el Gobierno tienen posturas distintas sobre la normativa, pero que quieren ocultarlas debido a las elecciones presidenciales.
“La razón de estos atrasos se debe fundamentalmente a la gran diferencia de opinión que hay entre el Gobierno y el partido FMLN, donde este último está en oposición abierta a cualquier enmienda a la Ley de Asocios Público-Privados”, manifestó ayer el analista Claudio de Rosa.
Luis Membreño, economista, consideró que el tema político y electoral prima sobre los intereses nacionales, pues indicó que las reformas son necesarias para la firma del FOMILENIO II y aun así los funcionarios del Legislativo y el Ejecutivo no encuentran acuerdo.
“En la medida en que el FMLN se opone a estas reformas, me parece como que está cerrando filas para no ponerle más presión a ellos (al mismo FMLN) y dilatar esto por más tiempo”, dijo.
El analista Juan Héctor Vidal lamentó que tanto los diputados como los funcionarios del Gobierno “estén dilatando en exceso” la discusión de las reformas y habló de lo que se podría tratar de “una jugada política” del Gobierno y el FMLN, con el fin de retrasar la discusión de las reformas hasta que pasen las elecciones.
Vidal sugirió que en las reformas a la Ley de APP se prohíba el asocio con las empresas que tienen “vinculación orgánica” con partidos políticos, como en el caso de Alba Petróleos.
“Seguimos agregando dosis de falta de credibilidad y de desconfianza en lo que significa trabajar y hacer negocios en El Salvador, y eso detiene la inversión extranjera, pone en suspenso la inversión nacional y no crece la economía lo suficiente”, enumeró De Rosa algunas de las consecuencias que el país afronta por no aprobar las enmiendas.
El presidente de la República, Mauricio Funes, por su parte, se mostró ayer a favor de que el parlamento retome el tema luego de la elección presidencial. “Es mejor entonces esperar a que pasen las elecciones para que se haga la consulta y los diputados tomen la decisión que más conviene al país”, dijo.
