Cuatro personas fueron asesinadas en Jujutla el lunes, la más reciente masacre de las cinco cometidas en los últimos 10 días: 20 muertos y ningún capturado. La FGR dice que no conoce de grupos de exterminio que operen en el país.
Veinte homicidios sin resolver. La primera masacre del año, cometida en Tacuba, Ahuachapán, y donde hubo seis muertos, ocurrió el 11 de enero. Desde esa fecha se han cometido cuatro masacres más: 20 víctimas de homicidios múltiples en un periodo de apenas 10 días.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó ayer que no hay ningún detenido por alguno de esos crímenes múltiples, los cuales han aumentado considerablemente el promedio diario de homicidios al inicio del año.
La masacre más reciente se cometió el lunes 20 de enero en la noche. Cuatro miembros de una familia fueron asesinados en el cantón Falla de Jujutla, también en Ahuachapán. Las víctimas fueron identificadas como Mariana Calderón, de 56 años, y tres de sus hijos: Roberto Carlos Arévalo, Ignacio Rodríguez y Francisca Arévalo. Hombres vestidos como policías, según la versión que los familiares dieron a la policía, llegaron a la vivienda y dispararon. (Más información de la masacre en la página siguiente).
Esa descripción de los atacantes es la única pista que las autoridades han reconocido públicamente: en los cinco crímenes los responsables llegaron vestidos con ropas oscuras, al estilo de las usadas por la policía. Así ocurrió en Tacuba.
También sucedió así, ese mismo día, en el cantón Longaniza del municipio de San Juan Nonualco (La Paz), cuando fueron asesinadas tres personas. Y cinco días después en el cantón Los Marroquines de Cojutepeque, en Cuscatlán, cuando mataron a tres hombres. Y el día siguiente, la cuarta masacre, el 17 de enero en la noche, cuando otro grupo armado, vestidos supuestamente como policías, entró a una casa en el cantón La Bermuda de Suchitoto (Cuscatlán) para buscar a varios jóvenes. Una vez dentro, los uniformados pidieron a cuatro jóvenes que se hincaran y luego les dispararon en la cabeza. Pudo haber más muertos, pero tres de los jóvenes que se encontraban en la casa lograron escapar.
“Todo eso se está investigando, son hipótesis, se está desarrollando con inteligencia policial, tengan paciencia”, dijo ayer el fiscal general de la República, Luis Martínez, cuando se le consultó sobre las masacres, y en particular sobre la coincidencia de que todos los crímenes hayan sido cometidos por grupos armados, vestidos como policías y en situaciones que aparentan ajusticiamientos.
“Hay hipótesis en cada uno de los casos, y hay informaciones de diferente naturaleza. La coincidencia de las formas de proceder de estos delincuentes y sicarios es símil, pero no sabemos si son los mismos, si es una banda, estamos en la investigación”, agregó Martínez en una conferencia.
La insistencia de los periodistas se debía, en parte, a que en varios de los casos, las víctimas han sido identificado por la policía como pandilleros o como personas con alguna conexión con las pandillas.
Entonces la pregunta fue directa para el fiscal: “Solo confirme si tiene conocimiento de si existen o no existen los grupos de exterminio de los que están hablando”, se le cuestionó. Martínez respondió: “No tenemos conocimiento de la existencia de grupos de exterminio”.
¿Exterminio?
El fantasma de los grupos de exterminio surgió después del triple homicidio de San Juan Nonualco. Tres jóvenes fueron acostados en medio de una calle en el cantón El Cobanal y luego fueron asesinados con disparos de escopeta 12 milímetros en la cabeza. Fuentes de la fiscalía aseguraron entonces que los tres eran miembros de pandillas. Uno de ellos tenía entre 12 y 14 años, según la inspección hecha por los forenses de Medicina Legal.
Esa masacre ocurrió dos días después del homicidio de Juana Umaña Cerón, una mujer de 55 años que residía en ese mismo municipio. La señora era madre de un subinspector de la PNC que estaba destacado en San Salvador.
Fuentes de inteligencia policial aseguraron a este periódico que los dos crímenes están conectados, que la muerte de los tres supuestos pandilleros fue en respuesta al homicidio de la señora Umaña.
Esa línea de investigación, que ni la PNC ni la FGR han querido mencionar públicamente, apunta a que un grupo ciudadano en La Paz, en colaboración con algunos policías, están detrás de los homicidios de los supuestos pandilleros. Es una forma de impartir justicia, según las fuentes, por la pasividad del gobierno central ante las pandillas y la tregua.
La información sobre el grupo provocó una reunión entre un grupo de alcaldes de La Paz; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Javier Martínez; y el director de la PNC, Rigoberto Pleités. Tras el encuentro, celebrado el 17 de enero en un hotel cercano al aeropuerto internacional, los funcionarios no quisieron confirmar que el tema tratado fuera los grupos de exterminio, sino que sostuvieron que se limitaron a revisar los planes de seguridad.
