Los nuevos reparos sobre el uso de fondos públicos durante la administración de Norman Quijano salen a la luz pública y se suman al caso de los $583,208 que fueron tomados del FODES.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó nuevos reparos sobre el uso de fondos públicos en la Alcaldía de San Salvador, durante la gestión del alcalde capitalino y candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano. La auditoría corresponde a 2011, año durante el cual se encontraron reparos los cuales superan los 157 mil dólares. Uno de los reparos es de un saldo de bienes inmueble cuyo monto total es de 52 millones 314 mil dólares.
El informe de estos nuevos reparos fue presentado al concejo el 30 de agosto de 2013 y el plazo para desvanecerlos venció este 23 de septiembre recién pasado
Entre los casos pendientes por aclarar, la entidad contralora ha señalado puntualmente: la no actualización de saldo de los terrenos de la comuna, la falta de permisos para construcciones en el Parque Bicentenario, la donación de recursos públicos a la Teletón y la sobrevaloración de materiales utilizados para la remodelación de la Plaza San José, en el centro de San Salvador.
También ha recibido reparos por no detallar los costos unitarios en las compras, por alquilar edificios no adecuados para la colocación de vendedores desalojados, la cancelación de una obra que nunca fue ejecutada en el Parque Bicentenario y la realización de un proyecto de aguas negras que no funciona por no contar con los permisos correspondientes.
Saldo de bienes inmuebles: $52 millones 314 mil
Según la auditoria realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, los bienes inmuebles reportados por la comuna a la CCR no corresponden a los que realmente posee. Se reportaron 379 propiedades cuando realmente existen 420 expedientes físicos.
“El Saldo de los Bienes Inmuebles (terrenos) reflejados al 31 de diciembre de 2011 en la situación financiera de la Municipalidad, por un monto de $52,314,259.52, no es razonable”, dice el documento.
La respuesta de la Alcaldía fue que los datos no coinciden con la cantidad de inmuebles de la comuna, ya que muchos de los desarrolladores de proyectos habitacionales no donaron las zonas verdes a la Municipalidad y las sociedades ya se disolvieron o sus propietarios fallecieron.
Además, la gestión Quijano justificó que en administraciones anteriores el departamento de Control de Bienes “no contaba con el personal idóneo y las herramientas técnicas para desarrollar esa labor; es decir personal como ingenieros civiles y/o arquitectos para la labor técnica y abogados para el desarrollo de la labor registral”.
Por lo anterior, la alcaldía cuenta con inmuebles de su propiedad, “pero no están registrados a su favor en el CNR, así como se ha hecho no contar con un valor real de cada bien raíz”.
Dichos argumentos no fueron suficientes para la Corte de Cuentas, quien señala que "los saldos de la cuenta de bienes inmuebles reportados en el estado de situación financiera de la Municipalidad no han sido modificados desde el años 2007, excepto por la adquisición de un inmueble en el año 2008. Esto indica que el saldo de dicha cuenta no es razonable. Respecto al trabajo que esperan concluya la Subgerencia de Catastro, se consideran acciones a futuro”.
“La deficiencia no se supera”, refiere la Corte de Cuentas en este punto.
Compras con sobreprecio: $12 mil 443
Otro de los reparos a la comuna capitalina hace referencia a $12,443.57 en concepto de compra de materiales para la remodelación de la Plaza San José, en el centro de San Salvador.
“Comprobamos que el costo unitario de una muestra de materiales adquiridos son superiores en $12,243.57 a los comprados en ese mismo periodo para la ejecución de otras obras”, dice la auditoría. El proyecto en su totalidad costó $214,023.28.
La deficiencia ha sido originada por el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, al no verificar que precio recomendado por la comisión evaluadora de los costos unitarios de los materiales presentados en las ofertas por los proveedores, eran superiores a los que habían presentados otros proveedores por esos mismos materiales.
La arena de río fue comparada en Santa Ana con un precio de $36.80 el metro cúbico, cuando otros proveedores la ofrecían a $20.
La tierra blanca fue adquirida a $18.40 y otra empresa licitó por $10.90 y la pintura color látex con un precio de $37.20; sin embargo costó $45, entre otros datos que refleja la auditoría.
En su defensa, la alcaldía capitalina detalló que en este tipo de proyectos se debe tomar en cuenta “los diferenciales en los precios unitarios que son muy bajos”. Además "que los incrementos de los precios unitarios se dan por razones del comportamiento económico de nuestro país, tales como incremento de combustible, incremento del transporte, incremento de fletes, etc.”.
Por otra parte, los auditores insisten en que "la administración aduce que las diferencias son mínimas, sin embargo se ha tenido evidencia que algunos materiales como la varilla de hierro de media pulgada fue adquirida en la ciudad de Santa Ana a $11.15 cada una, sin embargo en una ferretería de San Salvador la misma varilla de hierro tiene un costo de $7.26. Otro ejemplo es la tierra blanca, que en el mismo periodo que fue adquirido el metro cúbico para la ejecución del parque Bicentenario a $7.50, y se pagó $18.40 en el caso del Parque San José".
"Tampoco se presenta evidencia que muestre la conveniencia para los intereses del municipio al solicitarle a un proveedor domiciliado en el Departamento de Santa Ana, presentar ofertas de materiales para un proyecto que se ejecutaría en la ciudad de San Salvador. Por lo que la deficiencia no se supera”, reiteró la Corte de Cuentas.
Alquiler de edificios sin condiciones adecuadas: $101 mil 700
El haber colocado a vendedores desalojados del centro de San Salvador en un edificio sobre la calle Arce y el predio ubicado contiguo al Parque Cuscatlán de San Salvador, también representó para el edil capitalino un reparo por $101,700.00
La Corte de Cuentas explica que el arrendamiento de dichos inmuebles "no reúne las condiciones de salubridad, orden y comodidad para ser utilizadas en el servicio de mercados de la ciudad”.
"Para dicho arrendamiento erogó la cantidad de $101.700; pagando por el ubicado en el #716 de la calle Arce, un canon de $5,085 mensuales, que hace un total de $61,020 anuales y por el otro ubicado contiguo al Parque Cuscatlán en la Alameda Roosevelt; la suma de $3,390 mensuales, equivalentes a $40,680”, reitera la auditoría.
La entidad contralora afirma que "la deficiencia ha sido originada por el Concejo Municipal, al no diseñar estrategias viables para ubicar a los vendedores informales. Con dicho arrendamiento se afectó el patrimonio del municipio en $101,700.00”.
Por su parte, la comuna capitalina afirma que "esos inmuebles son espacios de comercialización de bienes y servicios, que fueron adecuados por la Alcaldía Municipal de San Salvador, como opción temporal para los vendedores informales que fueron reordenados de la zona hospitalaria, Parque Cuscatlán y de la Calle Arce, quienes se encontraban a la intemperie, resguardados únicamente por plásticos deteriorados, en lugares insalubres, sin condiciones básicas para el comercio de bienes, tales como condiciones sanitarias, la recolección de basura y promontorios de basura en su entorno”.
“Siendo una opción temporal para los vendedores, la municipalidad realizó una búsqueda minuciosa de inmuebles que pudiera adecuarse a las necedades de suplir una medida temporal”, reiteró la alcaldía.
Los auditores reaccionaron y señalaron que los centros comerciales donde fueron ubicados los vendedores informales son temporales, sin embargo han transcurrido más de doce meses y las personas siguen ahí, por lo que se pierde la categoría de temporales; además las acciones que les promete son a futuro, de las cuales no se establecen fechas en que se ejecutarán, por lo que la deficiencia no se supera”, recalcó la entidad del Estado.
Proyecto de aguas negras no funcional: $33 mil 683
También, la entidad contralora realizó un reparo por la realización de un proyecto de "introducción de aguas negras en la colonia Rubio D-4”, con fondos FODES por un monto de $33,683.70, a pesar que la comuna no tenía los permisos correspondientes, por lo que el proyecto "no es funcional".
"La familias a beneficiar son las responsables de tramitar ante las instituciones correspondientes la solicitud de factibilidad para el servicio requerido y los respectivos permisos de servidumbre", justificó la alcaldía de San Salvador.
Además se negó que las obras no hayan sido funcionales. "El sistema de aguas negras hasta la fecha se encuentra funcionando", recalcó el concejo municipal.
Finalmente, se detalló que las obras realizadas han cumplido con el objetivo para el cual se destinó.
A lo anterior, los auditores respondieron que el inmueble donde se construyeron las tuberías no ha sido entregado en donación a la comuna, para realizar la servidumbre, por lo que la inversión de la municipalidad "presenta riesgo" por haberla realizado en una propiedad privada. Dicha deficiencia no es superada", finaliza la auditoría.
Proyecto nunca realizado: $6 mil 837
El Parque Bicentenario se vio envuelto en un segundo reparo por parte de la Corte de Cuentas en 2011, en el cual se cuestiona a la gestión municipal de San Salvador por haber pagado $6,837.47 por un proyecto que no se realizó. La entidad hace referencia a la “Elaboración de Infraestructura para 3 Gazebos tipo B en Parque Bicentenario”.
“La deficiencia ha sido originada por el Gerente de Desarrollo Urbano, al no exigir a los Supervisores de los proyectos que comprobaran previo a autorizar las estimaciones, que los volúmenes de la obra contratados estuvieran de conformidad con los ejecutados; además por la Directora de Desarrollo Municipal, al no verificar las unidades bajo su responsabilidad”, detalla la auditoría.
“Se aclara que por un error involuntario en la liquidación del proyecto no se consideró la obra adicional solicitada por el formulador del proyecto a través de una nota de fecha veintitrés de agosto de dos mil once, en la que solicita el cambio de piso tipo DECK de madera de teca de 8 x 1 pulgada por cuartones de madera de pino curado de 4X2, este cambio generaría un incremento de costo, asimismo no se consideraron la colocación de doce placas metálicas”, justificó la comuna.
Sin embargo "no se presentan justificaciones del porqué se haya incrementado los costos unitarios del proyecto para justificar la obra no ejecutada”, respondió la Corte de Cuentas.
Parque bicentenario sin permisos de la OPAMSS
La CCR detalló que la Alcaldía de San Salvador no solicitó los permisos correspondientes en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), para la ejecución del proyecto “Senderos peatonales, ciclo vía y brecha rompe fuego en el Parque Bicentenario El Espino, Bosque Los Pericos”.
La respuesta al segundo reparo por parte del concejo municipal de San Salvador indica que "en su momento se realizaron las consultas a la OPAMSS sobre la pertinencia de tramitar permisos ante esa institución, obteniendo como resultado que no era necesario, y para efectos de evidenciar la respuesta que en su oportunidad se obtuvo, se solicitó por escrito su opinión a la OPAMSS .... obtendiendo la respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva en la que establece que la regulación específica en un inmueble catalogado como área protegida, será el Ministerio de Medio Ambiente quien hará las evaluaciones ambientales pertinentes para mantener el estado natural de las comunidades".
“La municipalidad no otorgó, no ejecutó el proyecto Senderos peatonales, Ciclo vía y Brecha Rompe Fuego en el Parque Bicentenario-El Espino, Bosque Los Pericos”, detalló el concejo dirigido por Norman Quijano.
A dichos argumentos, el equipo auditor de la CCR agregó que en el convenio suscrito entre Grupo Roble y la comuna, para la construcción del proyecto, se dejó claro que sería la Municipalidad la titular de la obra y se hacía responsable de “responder por cualquier reclamo que hiciera una entidad gubernamental y/o tercero por incumplimientos administrativos o legales necesarios para el desarrollo del proyecto”.
La entidad reconoce que los temas relacionados a un área protegida como la Finca El Espino, deben ser tratados por el Ministerio de Medio Ambiente, tal como lo afirma la comuna capitalina; sin embargo, dicha ley en el artículo 33 numeral 6, advierte que "no se exime a los titulares del proyecto de obtener las demás autorizaciones que establecen las leyes de nuestro estado, como requisitos para la ejecución del presente proyecto. Por lo que la deficiencia no se supera”.
Hicieron donativo no autorizado
Asimismo se ha cuestionado a la gestión municipal por la donación de $3,000 a la Teletón en 2011, con fondos provenientes del erario público.
La corte de Cuentas recordó al concejo municipal que "el párrafo primero del Art. 68 del Código Municipal, establece que: se prohíbe a los municipios ceder o donar a título gratuito, cualquier parte de sus bienes de cualquier naturaleza que fueran, o dispensar el pago de impuesto, tasa o contribución alguna establecida por la Ley en beneficio de su patrimonio; salvo el caso de materiales o bienes para vivienda, alimentación y otros análogos, en caso de calamidad pública o grave necesidad”.
La comuna aseguró a la CCR que el Código Municipal en el artículo 76 le faculta al concejo a “considerar dentro del Presupuesto anual de egresos, las partidas correspondientes para la atención de las funciones, actividades y servicios municipales, así como la que correspondan a inversiones y aportes a fundaciones, empresas, entre otras”.
También, se hace referencia a que “los municipios podrán transferir bienes muebles o inmuebles, mediante donación a instituciones públicas, en atención de satisfacer proyectos o programas de utilidad pública y de beneficio social, principalmente en beneficio de los habitantes del mismo y en cumplimiento de las competencia municipales”.
Mientras tanto, la Corte de Cuentas afirmó que el artículo 76 contempla las transferencias a fundaciones, pero se refiere a las de índole municipal.
“Trata de justificar la legalidad de la donación, sin embardo de la lectura al inciso segundo del artículo 68 del referido cuerpo de ley, se indica que se podrán efectuar donaciones de bienes muebles a instituciones públicas; y Teletón no lo es, por lo que no es aplicable el criterio legal citado por la administración”, reiteró la entidad contralora.
“El Concejo Municipal no estaba facultado para donar $3,000 a la fundación Teletón, por lo que la deficiencia no se supera”, finaliza este apartado.
No reportaron costos
El no incluir los costos unitarios de los materiales en las carpetas de los proyectos municipales, también fue objetado por la Corte de Cuentas, al edil de San Salvador.
La ley de Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), en su párrafo tercero del artículo 12 establece que: “Los proyectos deben ser formulados de conformidad a las normas técnicas de elaboración de proyectos contenidas en las guías proporcionadas por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), situación que según la Corte de Cuenta no cumple la alcaldía capitalina.
La gestión del edil Quijano justificó que "el formato y contenido de la carpeta técnica utilizada en el periodo 2011 ha sido el mismo utilizado en muchos años atrás, aún en administraciones diferentes a las administraciones 2009-2012 y 2012-2015, las cuales durante procesos de auditoría tanto interna como externa, así como auditorias de la Corte de Cuentas de la República, no han tenido ni una observación, lo cual ha permitido que se haya venido utilizando hasta la fecha”.
“La administración no presenta evidencia que demuestre que los presupuestos y Plan de oferta de las carpetas técnicas se hayan elaborado de conformidad a las Guías para la Formulación de Carpetas Técnicas del FISDL, además no se determinó el costo unitario de cada partida en cada una de las carpetas técnicas, por lo que la deficiencia no se supera”, dijo al respecto el equipo de auditores de la Corte de Cuentas.
Sumado a todo esto, la Corte mantiene abierto otro reparo contra el alcalde capitalino y su concejo municipal, por el manejo de $583,208.08 los cuales fueron tomados de los fondos FODES en 2010 y 2011 para una actualización del sistema catastral de San Salvador, y por lo cual ha sido llamado a responder junto a su Concejo.
Vía DLP
